La presentación de este recurso fue aprobada el pasado lunes por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. López Aguilar y Consuelo Rumí expusieron de nuevo en rueda de prensa los argumentos que conducen a los socialistas a esta decisión.

El recurso apelará a los artículos 7, 8, 11 y 22.2 de la Constitución, que reconocen los derechos de reunión y manifestació, asociación, sindicación y huelga, y asistencia jurídica gratuita.

López Aguilar esgrimió diversa jurisprudencia del Constitucional para asegurar que, en contra de la opinión del Gobierno, los legisladores pueden "modular e incluso restringir" estos derechos, pero nunca "eliminarlos", como, a su juicio, hace la Ley de Extranjería.

Tanto López Aguilar como Rumí reiteraron que esta decisión está "medida" y no es incompatible con la voluntad de dialogar con el Gobierno para resolver los problemas d los inmigrantes antes de que se pronuncie el Constitucional.

Ambos insistieron en que prohibir estos derechos no solo es inconstitucional, sino que resulta además "absurdo" porque se están ejerciendo continuamente, como se ha demostrado en los recientes encierros y manifestaciones.

López Aguilar trató, además, de atenuar la polémica suscitada por la ausencia de pronunciamiento al respecto del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, al asegurar que esta institución puede no verse obligada a actuar s constata, como es este caso, que el recurso va a llegar de todas formas.

Antes de que expire el plazo previsto para recurrir la Ley de Extranjería, el próximo viernes, llegarán al Tribunal Constitucional los recursos del Grupo Parlamentario Socialista y de las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, es decir, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Baleares.