Caldera hizo estas declaraciones en rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión mantenida con Rajoy para tratar el tema de la inmigración y durante la cual el ministro le entregó el borrador de reglamento de la Ley de Extranjería realizado por el Gobierno.

En el caso de que la Comisión Ejecutiva Federal decida recurrir ante el Constitucional, ordenaría al Gruo Parlamentario Socialista la presentación del recurso, ya que, según la Constitución, solamente están legitimados para recurrir a este tribunal el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, diputados, senadores y órganos ejecutivos de comunidades autónomas.

Explicó que existen diferencias entre el PSOE y el Ejecutivo, ya que éste "se empecina en no modificar la Ley de Extranjería y, por tanto, en no permitir la garantía de los derechos fundamentales para todas las personas", lo que, a su juicio es "inaceptable".

En este sentido, Caldera advirtió de que el PSOE "se reserva la posibilidad en sus órganos directivos de garantizar o buscar la vía que garantice esos derechos fundamentales: en los tribunales o por la vía política".

"Más bien pienso", añadió, "que esto se resolverá por la vía política, porque el Tribunal Constitucional tardará muchos años en fallar un hipotético recurso de inconstitucionalidad".

DIALOGO

No osbtante, Caldera mostró su predisposición a "seguir dialogando n la política integral de inmigración", ya que el PSOE "quiere colaborar con la sociedad española en la definición de la política de cuantos inmigrantes nercesitamos, cómo llegan a España, cómo se integran, qué servicios reciben y cuál es el marco de sus relaciones laborales".

Agregó que el PSOE tiene previsto seguir dialogando con el Ejecutivo sobre el futuro Reglamento de la Ley de Extranjería, sobre la participación de sindicatos y empresarios, sobre el plan GRECO y sobre el Acuerdo por la Convivenia.

Caldera afirmó que, al margen de las discrepacias con el Gobierno sobrelos derechos de los inmigrantes, es necesario llegar a un "gran acuerdo por la convivencia que consiga que la inmigración se valore como algo positivo por la sociedad española, que dé lugar a integración y no rechazo".

Además, a su juicio, este diálogo no tiene que reducirse únicamente al PSOE y al PP, sino que deben incorporarse el resto de las fuerzas políticas, los sindicatos, la patronal, las comunidades autónomas y la entidades locales, "para hacer posible una política integral de convivencia", concluyó.