En la Comisión General de las Comunidades Autónomas, la senadora del PP María Navarro de Paz rechazó esta moción por entender que es "extemporánea", ya que, según dijo, en el Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participan representantes de la administración central, autonómica y local, el Gobierno informaa las comunidades de estos traslados.

Además, Navarro destacó que el Gobierno invertirá en Canarias en los próximos cuatro años más de 10 millones de euros en el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), que "asegura y mejora un mayor control de las fronteras marítimas".

El portavoz de Entesa Catalana de Progrés, Isidre Molas, dijo, al defender su propuesta, que el Gobierno debe coordinar y cooperar con las comunidades autónomas estos traslados, en beneficio de la "dignidad" y los derechoshumanos de los inmigrantes irregulares que no pueden ser repatriados y que, tras permanecer 40 días en un centro de internamiento, quedan en la calle y sin recibir asistencia.

La senadora de Coalición Canaria Claudina Morales apoyó la moción, al tiempo que pidió la solidaridad de toda España para dar respuesta a los inmigrantes irregulares que se encuentran alojados en centros de acogida saturados de Canarias.

Por su parte, la senadora del PNV Inmaculada Loroño mostró su apoyo a esta moción, porqe, según dijo, "es de sentido común" que las comunidades autónomas coordinen y cooperen las actuaciones para integrar a este colectivo, respetando sus derechos y su dignidad.

El senador de CiU Josep Varela i Serra, calificó de "error" que el PP rechace esta propuesta que "es de sentido común", por beneficiar a este colectivo de inmigrantes.

Por su parte, el senador socialista Joaquín Jesús Galán calificó de "oportuna" la moción, porque "afronta un fenómeno que se produce por el hacinamiento de inigrantes en los centros de acogida" y posibilita la "transparencia" en el reparto de estas personas.