En un artículo publicado en la revista "Temas", cuyo consejo de redacción preside Alfonso Guerra, López argumenta que el Ejecutivo ha llegado a esta situación al reformar la Ley de Extranjería 4/2000.

Así, la dirigente sindical asegura que "resulta difícilmente justificble" suprimir a los inmigrantes irregulares el ejercicio de los derechos de sindicación, manifestación, huelga o participación pública. "Estos derechos han de ser reconocibles a todos los seres humanos independientemente de su situación administrativa", sentencia.

"Suprimir derechos de índole social como son la sindicación y la huelga implica amparar situaciones de explotación en determinados sectores de la producción", asegura López, quién añade que "los trabajadores extranjeros además de irregularesy explotados, no tienen reconocida su capacidad de reivindicación ni de articular sindicalmente sus pretensiones".

Además, señala que la Ley de Extranjería no favorecerá el control de flujos, ya que tanto la ley 4/2000 como la actual no contemplan vías legales accesibles a excepción de los contingentes. El problema fundamental, añade, es que no hay flujos de ofertas de empleo hacia terceros países, ya que se contrata a los trabajadores y trabajadoras que están en nuestro país y por tanto su entrada hasido irregular.

Finalmente, López critica el endurecimiento del régimen sancionador de la Ley de Extranjería, y afirma que "es inaceptable plantear nuevamente la expulsión como medida tipo a aplicar en las infracciones de extranjería".

A su juicio, esta medida vuelve a la Ley de Extranjería de 1985, "que fracaso rotundamente y sólo criminalizó a la inmigración". "Esta medida", concluye, "sólo sirvió para generar bolsas de excluidos que al tener expedientes u órdenes de expulsión no podían obtenerla documentación en España encontrándose condendados a la irregularidad crónica".