Las organizaciones ARI-Perú, ATIME, CEAR, CCOO, MPDL, UGT, USO-DCI y SOS Racismo aseguran que la Ley de Extranjería "ha creado situaciones que contravienen los derechos humanos y ha aumentado la vulnerabilidad de los inmigrantes a la explotación laboral".

Según este colectivo, el proceso de regularización por arraigo se está retrasando enormemente, afectando a determinados derechos de los extranjeros, como l reagrupación familiar.

Además, señalan que la decisión de restringir la participación de las organizaciones y sindicatos en la tramitación de los procedimientos conlleva la marginación de entidades que no solamente apoyan a los inmigrantes, sino también a la propia Administraicón a la hora de tratar con diligencia los expedientes administrativos.

Ante esta situación, estas entidades piden a los poderes públicos medidas para que estas personas accedan a un permiso de trabajo y residencia que les ermita ejercer su derecho a una plena integración social y laboral.