En una nota de prensa, el MPDL recuerda que el candidato del PP a la Alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmado que en caso de ser elegido alcalde en las próximas elecciones municipales, "automáticamente dejará de empadronar a inmigrantes en situación irregular".

También indica que el secretario general del PP catalán, Alberto ernández Díaz, ha anunciado que invitará a los ayuntamientos regidos por los populares a denunciar a los inmigrantes en situación irregular empadronados en su municipio, para iniciar los trámites de expulsión de los mismos.

El MPDL denuncia "la ilegalidad y la ilegitimidad de estas declaraciones", que considera "inconstitucionales, orientadas a la privación de libertades e incitadoras de actitudes racistas y xenófobas".

Además, añade, se trata de propuestas que no podrán ser llevadas a la práctic, pues chocan contra el ordenamiento legal y atentan contra los derechos y deberes de la población extranjera.

La organización indica que el empadronamiento permite la integración en los circuitos de amparo y protección social. "Impedirlo", asegura, "equivale a conducir de forma irrevocable a la marginalidad a la población inmigrante, con lo que se incita el odio entre la población de acogida".

"Pero además", recalca esta entidad, "el empadronamiento no es sólo un derecho, sino también un deber d toda persona que resida en un municipio. García Albiol y Fernández Díaz no sólo obvian esta cuestión, sino que parecen olvidar que dentro de las competencias de un ayuntamiento no se encuentra la de adoptar alguna medida que suponga la contravención de una ley orgánica".

Respecto a la invitación a denunciar a los inmigrantes en situación irregular, el MPDL destaca que "la coacción y la amenaza como formas de hacer política no son admisibles bajo ningún concepto, puesto que su sola puesta en marcha suone un atentado contra las libertades".

"La discriminación de un colectivo por el simple hecho de no poseer la nacionalidad española tiene un nombre: xenofobia. Otro comportamiento que, como la coacción y la amenaza, no se debe permitir en un sistema democrático", concluye la nota.