En una nota de prensa, Médicos sin Fronteras señala que ha entregado al Defensor un informe en el que denuncian que la ley niega el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa.

A su juicio, esa ley supone una "respuesta reprsiva" al fenómeno de la inmigración. "La condena a la marginalidad de miles de seres humanos supone una carga difícilmente asumible para un Estado que se considere de derecho", señaló Carlos Ugarte, responsable jurídico de MSF.