La organización humanitaria ha entregado al Defensor del Pueblo un informe en el que denuncia que la ley niega el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y uelga a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa.

A su juicio, esa ley supone una "respuesta represiva" al fenómeno de la inmigración. "La condena a la marginalidad de miles de seres humanos supone una carga difícilmente asumible para un Estado que se considere de derecho", señaló Carlos Ugarte, responsable jurídico de MSF.