Para explicar lo ocurrido desde entonces, IU ha solicitado la comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno para la Extranjeria y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, al que pedirá cuentas por dichos incumplimiento.

IU no circunscribe la responsabilidad de que el 90 por ciento del contenido de dicho acuerdo no se haya puesto en marcha al Ejecutivo central, sino que también responsabiliz a la Junta de Andalucía, y en especial a la actitud obstruccionista de la administración municipal de El Ejido, en manos del PP.

En concreto, Alcaraz denunció el incumplimiento de los acuerdos en materia de vivienda que, en un 80 por ciento de los casos, sigue siendo "infrahumana" y recordó que de las 694 denuncias que se presentaron a raiz de las revueltas de corte racista del pasado año sólo 692 han sido archivadas sin ningún tipo de investigación.

Para IU, estos datos demuestran la existenciaen El Ejido de un "racismo institucionalizado" que pretende que los inmigrantes existan "sólo durante ocho horas al día para trabajar por un sueldo muy por debajo del establecido en los convenios, y luego quieren que desaparezcan o se esfumen".