Según explicó en rueda de prensa, la semana pasada todos los grupos parlamentarios llegaron a un principio de acuerdo para finalizar el trámite de ponencia y elevar ya el texto a la Comisión Constitucional para su traslado al pleno del Congreso.

Sin embargo, el Grupo Popular ha solicitado una nueva reunión de la ponencia, lo que, según explicó, dilataría la tramitción del texto hasta el punto de arriesgar su aprobación definitiva en esta legislatura.

Alcaraz aseguró que "fuentes del PP" le han confirmado que esta petición se debe a que el Ministerio de Economía "les ha dicho que la aplicación de esta reforma valdría mucho dinero" y es necesario "recortar unas pesetillas".

La reforma prevé, entre otras cosas, ampliar el plazo de regulación de los inmigrantes y reducir el de adquisición del permiso de residencia, garantizar determinados derechos como el de sistencia letrada, el de asociación, el de sanidad y el de educación, así como la simplificación de trámites.

A juicio de Alcaraz, resulta "inmoral" que en una etapa de supuesto crecimiento económico el Gobierno demuestre "esta ruindad" hacia los inmigrantes y desconozca hasta ese punto la propia historia de España.

También el portavoz de Interior de la coalición, Willy Meyer, lamentó que en el criterio del Ejecutivo esté primando la visión "policial" que el Ministerio del Interior tiene de la inigración, a la óptica social de este fenómeno.