Aparicio, que compareció hoy a petición propia en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso, comentó que la Inspección de Trabajo recibió 764 denuncias en matria de trabajadores extranjeros, 48 de ellas presentadas por los sindicatos, y realizó 11.818 actuaciones.

Madrid, Murcia, Barcelona, Cádiz, Alicante y Málaga son las provincias con más infracciones y mayor número de trabajadores afectados. En Madrid se detectaron 613 casos de contratación irregular de inmigrantes entre enero y diciembre de 2000. Le sigue Murcia (526), Barcelona (318), Cádiz (284), Alicante (251) y Málaga (243).

Aparició explicó que las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Sguridad Social en materia de trabajadores extranjeros se llevan a cabo en el contexto de la lucha contra la denominada "economía sumergida". En los últimos años se viene comprobando la existencia de bolsas de fraude en las que la irregularidad predominante es la contratación de mano de obra extranjera carente de permiso de trabajo.

El titular de Trabajo explicó que las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de trabajadores extranjeros se llevan a cabo en el contexto de l lucha contra la denominada "economía sumergida".

Dijo que las actuaciones se llevan a cabo preferentemente mediante visitas a las empresas y centros de trabajo, ya que el control de empleo precisa de la comprobación "in situ" de la prestación de servicios.

HOSTELERIA

Por actividades económicas, las infracciones detectadas se concentran en el sector de hostelería (36,5%), seguido de la construcción (20,1%) y agricultura (12,3%).

Además, Aparició comentó que con la entrada en vigor de la nuva Ley de Extranjería, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emprenderá un nuevo plan de acción, que contempla 1.160 visitas en las provincias de Jaén, Granada, Las Palmas, Alicante, Valencia, Huelva, Cáceres, Zaragoza, Almería y Murcia). También anunció un aumento de plantilla hasta los 828 inspectores y 831 subinspectores durante este año.

Finalmente, recordó que la Ley de Extranjería que entrará en vigor el próximo 23 de enero contempla, además de la sanción económica para los empresarios infactores, la clausura del establecimiento.

Tras la exposición de estos datos, los grupos parlamentarios criticaron al Gobierno por la "ineficacia e insuficiencia" de la actuación de la Inspección de Trabajo, y pusieron como ejemplo el accidente de Lorca, en el que 12 inmigrantes irregulares ecuatorianos perdieron la vida al ser arrollada por un tres la furgoneta en la que viajaban.

FRACASO COLECTIVO

El diputado del PSOE Ramón Jáuregui dijo a Aparicio que ese accidente es "un fracaso colectivo de país" y que el Gobierno "ha tenido una inactividad culpable y ha pecado de pasividad, que me atrevo de calificar de inmoral".

Jáuregui subrayó de qué ha servido tanta inspección "si, probablemente, en Murcia la tasa de población laboral irregular ronda el 5% de la población activa, en torno a 20.000 irregulares".

Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano destacó que "la Inspección de Trabajo es poco diligente" y "que es insuficiente el número de inspectores y el conjunto de medios adminitrativos a disposición de la Inspección de Trabajo para desarrollar sus funciones".

A su juicio, si el Ejecutivo quiere luchar contra la economía sumergida y la explotación laboral tendrá que esforzarse en regular los flujos migratorios.

Antero Ruiz, de IU, subrayó que la Ley de Extranjería "hace prácticamente imposible el ejercicio de trabajo con derechos", y acusó al Gobierno de "no dotar a la Inspección de Trabajo de recursos suficientes para que puedan ejercer su trabajo y controlar los abuso que un número limitado de empresarios están realizando".

Finalmente, Aparicio rechazó que exista en España un fraude generalizado en la contratación de inmigrantes irregulares, y subrayó que prueba de ellos son los 300.000 extranjeros que trabajan en situación administrativa legal.