Así consta en una respuesta del Gobierno, a la que tuvo acceso Servimedia, a una pregunta de la diputada socialista Leyre Pajín sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo para evitar la explotación laboral de inmigrantes.

El Gobierno reconoce ue "el sector agropecuario es un ámbito en el que la labor inspectora reviste especiales dificultades por las características de las explotaciones o dificultades de acceso, entre otras circunstancias, que facilitan la elusión del control administrativo".

Por ello, considera que, para que la Inspección tenga unas "mínimas garantías" de éxito, se requiere el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

No obstante, el propio Gobierno reconoce la dificultad de una mayor presencia polcial en estas actuaciones, porque las fuerzas de seguridad tienen que realizar otras tareas de la misma "urgencia social" que perseguir la contratación ilegal de inmigrantes.

Según los datos facilitados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el mayor contingente de trabajadores extranjeros se encuentra en el sector agropecuario, del que proceden un 33,2% de las solicitudes de regularización de inmigrantes, seguido del 14,9% de la construcción y del servicio doméstico y del 11% del sector hoselero.

Durante todo el año 2000, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social destapó fraude en la contratación de 4.226 inmigrantes ilegales e impuso multas a los empresarios por valor de 2.368 millones de pesetas.