Así consta en una respuesta del Gobierno al diputado de IU Francisco Frutos, quien se interesó por las previsiones para este colectivo de mujeres inmigrantes.

El Ejecutivo señala que en las investigaciones sobre las redes de tráfico de personas que son obligadas a prostituirse se realiza un tratamiento individualizado, con el correspondiente estudio, sobr su situación personal y legal.

Según el Gobierno, con independencia de la aplicación de medidas legales, tanto penales como administrativas, a esas mujeres se les presta atención y ayuda a través del Servicio de Atención al Ciudadano Extranjero (SACE), organismo que mantiene contactos con las ONG y consulados, con el fin de satisfacer sus necesidades de alojamiento, sustento, documentación, y prestarle ayuda legal, psicológica y médica.

Además, el Ejecutivo indica que las mujeres víctimas de lasredes de prostitución pueden quedar exentas de responsabilidad administrativa y no ser expulsadas si denuncian a las autoridades competentes a los autores o cooperadores en el tráfico o explotación de la que son objeto, conforme a lo establecido a la Ley de Extranjería.

Finalmente, el Gobierno señala que a los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar, a su elección, el retorno a su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como ermiso de trabajo y facilitades para su integración social.