Entre los puntos destacados e esta reforma se encuentran la simplificación de los trámites administrativos en la gestión de permisos y visados, la creación de un nuevo visado de tres meses para la búsqueda de empleo, el endurecimiento de las penas por la contratación de inmigrantes irregulares y la obligación de las compañías de transporte de informar de los turistas que no regresan a sus países de origen.

Asimismo, esta reforma permite a la Policía acceder a los datos del padrón municipal, facilita el permiso de residencia a la inmigrantes maltratadas y evita la reagrupación familiar en cadena.

En su tramitación parlamentaria, esta ley contó con duras críticas de IU y el Grupo Mixto, que rechazaron el carácter restrictivo y policial de la misma. Asociaciones de inmigrantes y ONG han expresado también la misma opinión.

La Federación Estatal de Asociaciones SOS Racismo ya ha anunciado que acudirá al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para que recurra esta ley ante el Tribunal Constitucional.