Esta es la idea trasladada por el portavoz del Grupo Socialista del Congreso, Jesús Caldera, tras reunirse junto a la secretaria de Políticas Sociales e Inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, con el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.

Después de este primer encuentro, que calificó de "satisfactorio", Caldera explicó en rueda de prensa que el Gobierno ha ofrecido a los socialitas un diálogo "a fondo" sobre el reglamento que debe dsarrollar la aplicación de la Ley de Extranjería.

Estas conversaciones, que los socialistas continuarán con el sustituto de Mayor Oreja en el Ministerio de Interior, deben tomarse "su tiempo", ya que el objetivo es redactar "el mejor reglamento posible".

Sin embargo, los socialistas se han marcado el 23 de marzo como fecha límite para asegurarse de si es posible o no llegar a un acuerdo con el Gobierno que evite el recurso al Tribunal Constitucional.

PREMISOS TRANSITORIOS

En esa fecha el POE determinará, según explicó Caldera, si las posibilidades de suscribir un "Acuerdo por la convivencia" son factibles y, por tanto, el recurso no es necesario o, por el contrario, si la vía del Tribunal Constitucional debe ser tenida en cuenta.

La pretensión de los socialistas es fomentar la legalidad de los inmigrantes que ya están en España, y reconocer sus derechos a través, por ejemplo, de permisos de residencia transitorios cuando haya una oferta laboral formalizada.

"Nos importan los derecos en el marco de su ejercicio, que puedan utilizarlos, y creo que hay fórmulas que discutiremos a lo largo de este mes para garantizar el ejercicio de estos derechos", dijo Caldera, insinuando así que no sería necesario modificar la Ley si los derechos no reconocidos en ella se pueden ejercer en la práctica gracias al Reglamento.

Caldera explicó que el Gobierno y los socialistas han coincidido en el diagnóstico de fondo de lo que supone la inmigración para España, y han mostrado su disponibilidad peranente para dialogar.

El portavoz socialista garantizó a Mayor que su partido no utilizará nunca la inmigración para la confrontación dialéctica, y se mostró dispuesto a extender este acuerdo, una vez esbozado, al resto de fuerzas parlamentarias y, por supuesto, a los agentes sociales, comenzando por empresarios y sindicatos.

Ante la inminente elección de Mayor Oreja como candidato a "lehendakari", Caldera negó que la campaña electoral en Euskadi pueda condicionar la negociación de este acuerdo yse mostró partidario de separar ambas cosas con toda claridad.