Fernández-Miranda hizo esta afirmación en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados al responder al Grupo Parlamentario de IU sobre las actuaciones anunciadas por el Ejecutivo contra familias de menores xtranjeros que delincan.

El responsable de Extranjería indicó que el Gobierno apoya la decisión de la Junta de Seguridad Local de Melilla del pasado 14 de enero de depurar responsabilidades civiles y administrativas a los padres de menores extranjeros que hayan cometido delitos, y aclaró que esta decisión no alude a la expulsión.

Tras aclarar que esta decisión se adoptó ante el aumento de delitos cometidos por menores en esa ciudad, Fernández-Miranda destacó que el Gobierno también coincide con ls reflexiones sobre esta cuestión realizadas por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.

En este sentido, comentó que el Defensor reconoce, sin lugar a dudas, la responsabilidad civil de los padres y tutores de los menores que delinquen y niega que el ejercicio de la patria potestad suponga responsabilidad penal y administrativa en función de los principios de la responsabilidad personal que se aplica en diversos ámbitos.

Asimismo, indicó que Múgica ha reflexionado sobre la responsabiliad en la qe incurren los responsables de los centros de acogida de menores cuando éstos hubieran cometido algún delito o una falta administrativa.

Fernández-Miranda también destacó que Múgica consideró que no tendrían cobertura legal las declaraciones del delegado del Gobierno en Melilla, Arturo Estebán, según las cuales se expulsaría a las familias con menores extranjeros delincuentes. Según el responsable de inmigración, ese criterio no se correspondía con el citado acuerdo de la Junta de Seguridad Local de Mlilla.

Por último, el responsable de Extranjería recalcó que el Defensor reconoce que una situación distinta se produciría en aquellas familias en las que se pudiera demostrar que los padres tienen conexión criminal con los menores que delinquen, como la adquisición de lo robado a los menores y de lo que se derivaría responsabilidad penal personal, que podría dar lugar a una decisión administrativa sobre la permanencia de los padres en terriotorio español.

En estos casos, añadió Fernández-Mirandarecordando lo manifestado por Múgica, se plantearía respecto al menor y sus intereses la repatriación a su país de origen con unos padres de conducta ética y jurídicamente reprochable.

De esta forma, el secretario de Estado para la Extranjería aclaraba los reproches del PSOE, IU y CiU sobre la posible expulsión de familias extranjeras con hijos delincuentes.

En este sentido, IU lamentó la política policial que aplica el Gobierno en la gestión de la inmigración, CiU lo mucho que le queda al Gobiero por hacer en materia de acogimiento de menores y el PSOE la falta de policía para controlar el aumento de la delincuencia.