Antes de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso para informar de la política de inmigración del Gobierno, Fernández Miranda dijo que el Ejecutivo analiza si la oferta de trabajo puede ser un motivo de arraigo que justifique la concesión de un permiso de residencia, pero insistió en que es una cuestión en fase de estudio dentro de la confección del reglamento de la Ley de Extranjería y no hy nada cerrado.

En cualquier caso, subrayó que el Ejecutivo no desea "ir por la vía de la temporalidad, ni la excepcionalidad ni los parches". El delegado afirmó que el Gobierno casi caería en "fraude de ley" si aprovechara el reglamento de la ley, que enviará a los grupos parlamentarios en dos o tres semanas, "para desmontar la propia ley".

"Vamos a ser capaces de dotarnos de instrumentos mucho más detallados para que la ley pueda ser aplicada en toda su amplitud, pero en todos y cada uno de susaspectos", remarcó.

Sobre la reunión de ayer del Gobierno con el PSOE, valoró que ambas partes hayan decidido volver a sentarse a la mesa, pero dejó claro que el Ejecutivo no acepta la fecha del 23 de marzo que ponen los socialistas como tope para las conversaciones. "Es un proceso demasiado importante como para limitárnoslo en el tiempo", dijo.

El responsable de Inmigración también manifestó que el Ejecutivo no piensa ampliar el plazo de regularización que termina mañana para los "sin papeles" euatorianos.

Hasta hoy, informó de que se han han acogido unas 4.000 personas, que marcharán a Quito y empezarán a regresar a partir del 6 de marzo.

A su juicio, esta cifra es un "éxito", pero igual que lo habría sido si sólo se hubiese recibido una solicitud, porque el objetivo del Gobierno es que no haya en España explotación de ningún inmigrante que viene por razones de trabajo.