Mariñó explicó que el gabinete jurídico de esta organización está elaborando actualmente un dictamen en el que se recogen algunos de los motivos por los que la asociación consdera "inconstitucional" dicha ley.

Así, el presidente de Pro Derechos Humanos comentó que ese documento va en la misma línea expresada ya por entidades como Almería Acoge y el Colegio de Abogados de Barcelona sobre la limitación del ejercicio de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga a los inmigrantes "irregulares".

A su juicio, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre esta cuestión, "porque creemos que hay un núcleo escencial de esos derechos que tambin pertenecen a los irregulares".

Asimismo, la asociación pretende que ese Tribunal opine sobre la tutela judicial efectiva de los inmigrantes "indocumentados", "a los cuales se puede expulsar tan rápidamente que, prácticamente, no puede acceder a la justicia".

Por otro lado, Mariño indicó que el convenio de inmigración que firmará la próxima semana España con Ecuador "es superfluo", y añadió que los problemas de los ecuatorianos irregulares en nuestro país se puede arreglar ya "con eficacia polítca" en territorio español por las autoridades de ambos países.

En este sentido, destacó que el Gobierno tiene mecanismos para regularizar a los miles de inmigrantes ecuatorianos irregulares que ya están aquí y que han trabajado clandestinamente. "Parece un ejercicio de inutilidad o de ejemplaridad absurdo" llevarlos a Ecuador para que vuelvan con visado", concluyó.