Este hecho contrasta con las denuncias de los empresarios del campo, que se quejan de la falta de mano de obra en la recogid de algunas cosechas y tienen que recurrir a contratación de inmigrantes, en algunos casos de forma ilegal, como lo pone de manifiesto el hecho de que la Inspección de Trabajo destapó en Andalucía 546 casos de fraude en los contratos de extranjeros entre enero y noviembre de 2000.

El subsidio agrario es un derecho que sólo tienen los agricultores eventuales andaluces y extremeños, que pueden acceder a esa prestación siempre que justifiquen la realización de 35 peonadas, lo que les da derecho a cobrar l paro durante 6 meses. El resto de agricultores eventuales españoles -unos 400.000 según los sindicatos- no tienen esta opción.

Según los datos recopilados, a finales de octubre del 2000 cobraban el subsidio agrario un total de 240.300 eventuales del campo, de los que 211.500 eran andaluces y 28.800 extremeños.

Mientras en el caso de los extremeños el número de perceptores se incremento en unas 3.000 personas entre enero y octubre de 2000 (+12%), este aumento fue de 35.000 perceptores en Andaluca (+19,8%), con aumentos en el número de parados que cobran el desempleo agrario en todas las provincias.

Destaca especialmente el caso de Almería, provincia con un alto porcentaje de trabajadores inmigrantes, donde había 9.900 eventuales agrarios cobrando el subsidio de desempleo, Sevilla (53.400), Córdoba (36.800), Cádiz (19.100), Málaga (25.700), Granada (25.400), Huelva (21.200) y Jaén (25.700).

De los que cobran el subsidio agrario, 135.700 casos se corresponden con mujeres y 104.500 con homres. La mayoría de los receptores (185.000) trabajan una media de entre 0 y 7 peonadas al mes.

Actualmente, el Gobierno y los sindicatos agrarios mantienen estancadas las negociaciones sobre un nuevo diseño del subsidio agrario. Los sindicatos piden que se extienda a los agricultores eventuales de toda España, mientras el Gobierno plantea restringir el acceso al subsidio e incluso retirarlo de algunas zonas que ya no están en la situación económica de regresión, para la que fue diseñada el antiguo PER precedente del actual paro agrario.

Durante el año 2000, el INEM destinó a lo planes de empleo rural -principalmente el pago de subsidios- casi 30.000 millones de pesetas, mientras que para el 2001 se prevé emplear unos 24.000 millones, según los Presupuestos de este organismo.