El dictamen, que consta de 78 páginas, examina y debate documentación remitida por varios colegios de abogados, (Bilbao, Málaga, Valencia y Zaragoza) y cuenta con la opinión de nueve expertos en Dereho Civil, Constitucional y Filosofía del Derecho Internacional Privado y Público de distintas universidades españolas.

El informe manifiesta dudas acerca de la constitucionalidad de nueve preceptos que afectan a dos de los cuatro artículos que conforman las modificaciones de la ley orgánica en cinco materias distintas: cesión y acceso vía telemática de datos de carácter temporal; garantías jurídicas en los procedimientos administrativos; devolución y expulsión de extranjeros; centros de internamiento e extranjeros, y presentación personal de solicitudes.

La denuncia se refiere en parte a las novedades introducidas en dos preceptos de la Ley de Extranjería y en otros dos de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local para la cesión a la Administración y a las fuerzas de Seguridad de datos de carácter personal de los clandestinos.

Los puntos puestos en cuestión son la obligación de las compañías de transporte a remitir a las autoridades los listados de los pasajeros que viajen a España y en esecial de los que no utilizan el billete de vuelta; y que dan luz verde para que tanto la Administración Tributaria, la Seguridad Social o el Instituto Nacional de Estadística faciliten al Ministerio del Interior el acceso a sus datos confidenciales sobre inmigrantes. Todo ello, "sin que sea preciso el consentimiento de los interesados.

El Consejo General de la Abogacía entiende que estas novedades violan el artículo 18 de la Constitución (derecho al honor y a la intimidad), en particular el punto 4, qe garantiza que la ley limitará el "uso de la informática a fin de evitar abusos en estos campos".

Aunque los juristas reconocen que este derecho puede ser limitado, aseguran que la redacción dada en la ley para ejercer estas restricciones es "abierta, incierta y genérica, lo que facilitaría que "en el fondo se permita cualquier limitación a este derecho".

El informe también denuncia la vaguedad de algunas justificaciones, como "a efectos de combatir la inmigración ilegal" o "cuando así lo determnen las autoridades", que no justifican, según señala, cercenar un derecho fundamental.