Perales indicó que el Gobierno andaluz fue informado por el secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González, del desalojo de los 270 inmigrantes que permanecían encerrados en la Pablo de Olavide y de que todo ha transcurrido con normalidad y sin incidentes.

El consejero ha ido informado de que los inmigrantes que no puedan ser regularizados serán trasladados al centro de acogida de la Isla de las Palomas, en Tarifa (Cádiz).

Perales consideró que el Gobierno de la nación debe hacer un "esfuerzo excepcional por dar una vuelta a la situación y que lo regular sea que lleguen inmigrantes legales".

El consejero destacó el papel tan "positivo" que han jugado en todo momento la comisión jurídica de la Universidad Pablo de Olavide y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamzo, a la vez que ha recordado que en el encierro no estaban implicadas las ONGs más prestigiadas y reconocidas como defensoras de los inmigrantes, entre ellas Andalucía Acoge, ATIME, Cáritas o Cruz Roja.

Finalmente, Perales insistió en que la responsabilidad en el desalojo es del propio rector en funciones de la Universidad, Juan Jiménez, que cursó la petición, y del Gobierno central, mientras la Junta se ha limitado a advertir de que los encierros "no son la mejor respuesta para atender los problemasde los inmigrantes".