En una nota de prensa, CEAR explica que hace esta petición después de que el Tribunal Supremo haya anulado el artículo 84.6 del reglamento de la Ley de Extranjería que establece como motivo de no admisión a trámite las solicitudes de permiso de trabajo por procedimiento inadecuado y que el Gobierno aplicó a partir de la existencia del contingente 2002.

"Por tanto", recalca CEAR, "es consecuencia direct de esta sentencia el deber para la Administración de revisar de oficio todas las solicitudes de permiso de trabajo inadmitidas al amparo del contingente 2002".

Además, esta organización recuerda que hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y del País Vasco abre la vía para que cualquier inmigrante con una oferta de trabajo pueda solicitar su regularización, independientemente de los cupos anuales de empleo para extranjeros.

A juicio de CEAR, la sentencia del Supremo que anul 11 artículos del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería "es un primer toque de atención a la política de inmigración del Gobierno, que en su obsesión por restringir derechos y libertades, va por vía reglamentaria y por la práctica administrativa mucho más lejos de lo estipulado en la ley".

Finalmente, esta entidad resalta que el Alto Tribunal elimina la consideración de los extranjeros en tránsito o ruta en el interior de España como susceptibles de devolución, por lo que no podrán ser devuetos, sino expulsados, lo que implica un proceso sancionador con todas las garantías.

Asimismo, el Supremo recuerda que la libertad de circulación de las personas es un derecho fundamental que sólo puede restringirse por resolución de un juez o del Ministerio del Interior.