Concretamente, esa circular establece un protocolo de colaboración entre los notarios y la Policía a fin de que los fedatarios comuniquen de forma inmediata a la Policía -a través de un sistema informático y un proocolo denominado VIGIA- la expedición por ciudadanos españoles o extranjeros residentes en España de actas notariales por las que se procede a invitar a ciudadanos extranjeros como turistas.

En una nota, CCOO destaca que el contenido textual de la citada circular reconoce implícitamente cierto papel de los notarios en el "control de los flujos migratorios" y vincula la expedición de las actas de invitación con determinadas prácticas de delincuencia organizada: ante ello la decisión del Consejo de Notaios es "proteger" el prestigio notarial y colaborar con la Policía, comunicando todas y cada una de las actas expedidas a tal efecto.

A juicio de CCOO, esta práctica "resulta inaceptable, toda vez que supone un principio de presunción de mala utilización de dichas actas y una cesión de datos a unos efectos difusos, pero con una clara intencionalidad de control policial".

"Por otro lado", añade CCOO, "el hecho de que se generalice el envío de todas las actas y 'motu propio' por los notarios plante una singularidad específica para este acto documentado -que por definición, siempre va a afectar a extranjeros- que no se da en otras actuaciones notariales que, sin embargo, también pueden ser objeto de fraude o falsificación"

Además, el sindicato indica que los notarios "ceden datos de carácter personal que afectan claramente a la intimidad de las personas y que se puede vulnerar la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de carácter personal e incumplir el mandato establecido en el artículo 18 d la Constitución sobre protección del derecho a la intimidad".

"Entendemos que los notarios se sitúan en una situación de claro abuso de superioridad impropia de un marco negocial entre personas privadas (notario y cliente), pues en caso de que la persona se niegue a dicha cesión simplemente no se expedirá el acta: el particular no negocia con el notario la cesión de sus datos simplemente lo que quiere es un acta de invitación y, sin embargo, en la práctica se le va a obligar a dicha cesión".

Finlmente, CCOO concluye que "nuevamente se vinculan situaciones normalizadas del ámbito civil relacionadas con ciudadanos extranjeros con fenómenos excepcionales de criminalidad y delincuencia, contribuyendo a generar una visión negativa de la extranjería, al tiempo que se implica a más sectores sociales -en esta caso, los notarios- a procesos de control de los extranjeros ofreciendo una proyección orwelliana de la sociedad española".