En la primera de estas misivas, fechada el 28 de agosto, Rodríguez Zapatero estimaba que las políticas de inmigración requieren el mayor consenso social posible y se mostraba partidario de explicitarlo en un acuerdo de amplia base parlamentaria.

Asimismo, exponía que en un tema de esta importancia están en juego los valores cívicos que configuran nuestra manera de vivir en sociedad y ue las decisiones que ahora se adopten marcarán el devenir de nuestro país de una forma difícilmente reversible.

Por ello, el secretario general del PSOE consideraba imprescindible poner en marcha los instrumentos para trazar las líneas maestras de un acuerdo de Estado en materia de inmigración.

En su respuesta, fechada el 1 de septiembre, Aznar se mostraba totalmente de acuerdo en las virtudes que tendría un amplio acuerdo parlamentario en política de inmigración y exponía la necesidad de modifiar la actual regulación.

Frente a la propuesta de Zapatero de que el primer paso para explorar la viabilidad de ese acuerdo fuese una entrevista entre ambos, Aznar propuso al dirigente del PSOE que la manera más eficaz de intentar un acuerdo entre sus respectivos partidos consistiría en que responsables de los grupos parlamentarios tuvieran los primeros contactos.