El portavoz de ATIME, Mustafá El M'Rabet, aseguró hoy, en rueda de prensa, que el reciente accidente ferroviario de Lorca (Murcia), en el que murieron 12 inmigrantes ecuatorianos, ha puesto de manifiesto "los miles de inmigrantes irregulares que se encuentran en España y cuya salidad a esta situación, con la Ley 8/2000, es la expulsión".

A su juicio, el Ejecutivo debe atender las demandas de regularización de estas personas y no devolverlos a su país para que luego vengan con vsado.

En este sentido, El M'Rabet subrayó que ATIME ha realizado un estudio según el cual en España hay alrededor de 150.000 inmigrantes irregulares, entre ellos uno 40.000 marroquíes, que aportarían a las arcas del Estado 18.000 millones de pesetas al año si vieran su situación regularizada y cotizaran a la Seguridad Social.

El portavoz de ATIME reiteró su rechazo a la nueva Ley de Extranjería por el recorte "drástico" de derechos para los inmigrantes irregulares, entre ellos los de reunión, asoiación, manifestación, sindicación y huelga. A su juicio, esa legislación perjudica a los extranjeros y no favorece su integración social.

Por su parte, el vicepresidente de ATIME, Kamal Rahmouni, subrayó "el clima de desesperación" que se ha creado entre los inmigrantes irregulares por la entrada en vigor de esta ley, no sólo por el recorte de derechos, sino porque facilita su expulsión.

Rahmouni acusó al Gobierno de carecer de política de inmigración para resolver los problemas que plantea hoy n día este fenómeno, al tiempo que criticó al delegado del Gobierno de Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, por sus declaraciones en las que pedía a los ayuntamientos que no empadronaran a los "sin papeles" y las alusiones veladas a las expulsiones.

Además, reiteró la necesidad de un proceso extraordinario de regularización "para todos los inmigrantes irregulares, sin discriminación de raza, nacionalidad o religion".

Finalmente, Rahmouni calificó de "gravísimo error" que el Gobierno utilice maana la fuerza para desalojar las varias concentraciones de inmigrantes irregulares que piden ser documentados. En este sentido, el vicepresidente de ATIME exigió al Gobierno que haga un llamamiento a la tranquilidad.

Por su parte, Hanafi Hamza, portavoz de ATIME-Almería, acusó al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, del PP, de dificultar el empadronamiento de inmigrantes y su integración social en la ciudad.