Oriol, que intervino en el curso sobre "Financiaió en las grandes empresas para el desarrollo industrial", apuntó como una reforma aconsejable del sistema tributario, la reducción del impuesto de sucesión en la herencia directa, como mecanismo que permitiría salvar miles de negocios personales de la pequeña industria.

La industria, dijo, sufre las consecuencias de defectos estructurales en la economía, como la escasa financiación para emprender con tranquilidad grandes inversiones, la falta de ahorro privado, los monopolios de servicios públicos, un recio de la energía caro para las pequeñas empresas y una fiscalidad que dificulta la acumulación de capital.

Iñigo Oriol calificó de "anémico" el ahorro privado y se lamentó de las dificultades de las empresas para encontrarlo en el mercado de capitales, en el que la mayoría de los flujos se encauzan a la financiación de la deuda pública.

PRIVATIZAR LAS PENSIONES

"Un mercado laboral flexible y una fiscalidad benévola", dijo, "permitiría a las empresas adecuarse a los vaivenes del mercado", per apeló a la capitalización y privatización de las pensiones de la Seguridad Social, como elemento que animaría sensiblemente el ahorro privado.

Dicha reforma, explicó, permitiría a los colocadores institucionales de fondos dar "estabilidad y profundidad a la bolsa, que además necesita la exención del impuesto sobre plusvalías que se reinviertan y de quienes lleven nuevas empresas a la cotización".

Otra reforma planteada por Oriol es que "las reinversiones en activos productivos o en acciones y obigaciones privadas deberían eximirse del impuesto de sociedades".

MENOS INTERVENCION PUBLICA

Al margen de la cuestión fiscal, el presidente de la primera eléctrica privada del país se lamentó de que los grandes grupos empresariales que hay en el país "se pueden contar con los dedos de las manos, y sobran", y citó a Telefónica, BBV, BCH, Repsol, Endesa e Iberdrola.

Frente a esa situación, exhortó a los dos grandes grupos bancarios de esta corta lista (BBV y Central Hispano) a que contribuyan a dsarrollar una política industrial de bandera española, ya que "no hay en España otro capital financiero disponible para que cuajen nuevos conglomerados".

También criticó la política del Ejecutivo de propiciar un núcleo duro nacional de accionistas en las industrias estratégicas privatizables, porque con "sencillas reformas en los modos de financiar y tributar de las empresas industriales", sería posible fomentar la industria nacional y evitar que el Estado utilice los viejos monopolios para crear potecias industriales españolas.