Ribó consideró que no existen garantías para los caudles públicos, refiriéndose al aval de 10.000 millones de pesetas concedido por la Generalitat a la empresa participada mayoritariamente por el financiero Javier de la Rosa.

El dirigente de IC aseguró que su grupo propondría la retirada del aval y el retorno del dinero ejecutado del mismo, así como la explicación pública por parte del presidente del Gobierno catalán sobre lo sucedido.

A juicio de Rafael Ribó, "no existe un proyecto real. Hay una incertidumbre financiera notable, y faltan garantías Iniciativa per Catalunya cree que nos encontramos ante un fiasco absoluto que será necesario explicar en el Parlament".

Para el presidente de IC, que acusó al Gobierno de la Generalitat de apoyar lo que considera un grupo especulador en una operación que cree que le ha comprometido, la solución es volver a punto inicial y negociar con la empresa promotora de la obras, Anhauser Busch.