En declaraciones a Servimedia, Ocampo argumentó que ni la Ley de Partidos y la Ley de Régimen Electoral permiten la "ilegalización" de una coalición como la que forma IISP y que, por eso, y otras razones, recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

Tras recalcar que ningún articulado prevé la ilegalización de coaliciones, sino de agrupaciones electorales o de partidos, Ocampo añadió que detrás del auto del Supremo se esconde la voluntad del poder político, expresada a través de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado, de "cercenar" el derecho de la coalición a ser votada.

Asimismo, considera que el poder político teme que salga adelante el proyecto político de un grupo de personas que buscan "justicia social" y que "viven de su trabajo, de su profesión, y no de forma privilegiada"