EL INI RECIBIO 2,5 BILLONES DEL GOBIERNO DURANTE LOS 13 AÑOS DE MANDATO SOCIALISTA, SEGUN UN ESTUDIO
-Economía edita un trabajo de dos profesores de Derecho Administrativo en el que dan un varapalo al sector público y abogan por vender cuanto antes todo lo que se pueda
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El Gobierno aportó 2.521.000 millones de pesetas al Instituto Nacional de Industria (actualente segregado en varias sociedades) durante los trece años de mandato socialista, entre 1983 y 1995, según un estudio realizado por los profesores de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Gaspar Ariño y Lucía López de Castro.
El estudio, titulado "Coste y financiación privilegiada de las empresas públicas en España", ha sido publicado en el último número de la revista "Presupuesto y Gasto Público", que edita el Ministerio de Economía.
Los autores realizan una pormenorizada stimación, año a año, que arroja las siguientes aportaciones públicas al INI: 224.000 millones en 1983, 213.133 en 1984, 388.877 en 1985, 160.000 millones en 1986, 160.000 milones tanto en 1987 como en 1988, 142.000 en 1989, 125.000 en 1990, 98.000 en 1991, 110.000 en 1992, 162.000 en 1993, 212.000 en 1994 y 218.000 en 1995.
El estudio señala que "casi 200.000 millones anuales de los españoles han sido consumidos por el INI desde 1983" y añade que, con esas cantidades, "no se pueden quejar sus gestore, tanto políticos como empresariales".
A su juicio, "ante estas cifras, resulta cuando menos llamativo -e instructivo- recordar las declaraciones no tan lejanas de anteriores responsables del 'holding', asegurando que el INI no precisaría, a partir de 1992, aportación presupuestaria alguna para sobrevivir".
"Sucesivamente", recalcan, "Luis Carlos Croissier -actual presidente de la CNMV-, Claudio Aranzadi -cuando ostentaba el cargo de presidente del INI- y Jordi Mercader -regresado al sector privao-, se vanagloriaron del giro que sus habilidades empresariales habían dado a la situación del grupo desde 1983".
Los autores del trabajo señalan que "debe reconocerse, sin que nos duelan prendas, que la gestión del INI y de algunas de sus principales empresas entre los años 1985 a 1990 ha sido quizás la mejor y más solvente de cuantas ha tenido".
"Pero la lección a aprender", añaden, "es ésta: ni un Gobierno fuerte (sin servidumbres políticas, como las que hoy tienen), ni unos buenos equipos, enépocas de expansión, ni una generosísima dotación presupuestaria, han sido capaces de cumplir tan buenos propósitos".
En su opinión, "lo que es imposible, porque entraña una contradicción profunda, es la empresa pública en su actual status y significación. O se reforma en profundidad o se vende en su totalidad, parece decirnos esta historia".
FINANCIACION DE TODAS LAS EMPRESAS PUBLICAS
Por otra parte, los autores de este estudio también realizan una estimación del coste de las subvenciones del stado al conjunto de empresas públicas (no sólo las del INI), que las sitúa en 6,84 billones de pesetas para el periodo 1983-1993, ya que no incluye datos para los dos últimos ejercicios. Esa estimación se refiere a las aportaciones netas del Estado, descontando lo recibido como beneficios de las empresas.
Los autores señalan que esa cantidad debe considerarse como "el mínimo confesado", ya que no incluye las ayudas indirectas suministradas por vías de protección al desempleo, jubilaciones anticipadasy ayudas especiales a reconversión.
"Es dudoso", añaden, "si en ellas (en la cifra estimativa de 6,84 billones) están contenidas todas las asunciones de deudas y transferencias de capital. En todo caso, es un cálculo -nos parece- muy prudente".
Sobre el futuro del sector empresarial público, los autores del estudio se muestran muy escépticos sobre la creación por decreto ley del grupo de empresas SEPI, que reune a las más rentables del antiguo INI y que no pueden recibir aportaciones del Estado,igualmente sobre el compromiso de que la Agencia Industrial del Estado (AIE), que agrupa a las sociedades con pérdidas estructurales, no podrá endeudarse en el futuro.
A su juicio, "esta declaración legal es importante, pero no es una solución al problema. ¿Alguien puede poner la mano en el fuego de que se cumplirá? Un decreto-ley se deroga con otro decreto ley en que, por razones de urgencia naturalmente, se autorice un nuevo empréstito".
"En todo caso", añaden, "bienvenida sea la reforma y esasolemne declaración que hará más difícil la financiación blanda. Pero la única medida radical es esta: vender las empresas públicas que se pueda, tan pronto como se pueda".
(SERVIMEDIA)
11 Feb 1996
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