El plan está dotado con 70 millones de euros, y prevé conferir a los ayuntamientos competencias para que puedan confiscar las tarjetas robadas o falsificadas, así como la creación de un sistema de intercambio de datos que funcionará en el ámbito nacional y permitirá a las autoridades municipales detectar con más facilidad las tarjetas robadas.

Por su parte, el Departamento de Transporte aplicará medidas para dificultar la falsificación de este documento, como la introducción de códigos de barras que puedan leerse a través de los parabrisas.

Asimismo, el Ejecutivo británico se propone conceder tarjetas de aparcamiento válidas para periodos limitados a personas con problemas temporales de movilidad y a las familias que tengan a su cargo personas con problemas de salud mental, y que su concesión sea automática para progenitores con hijos con discapacidad y miembros de las fuerzas armadas con discapacidad.

La adjudicación de este documento dejará de depender de los médicos de familia, como hasta ahora, y corresponderá a expertos independientes, que utilizarán criterios unificados para evaluar si los solicitantes cumplen los requisitos para beneficiarse.

Las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad se introdujeron en el Reino Unido hace 37 años, y actualmente hay 2,3 millones de titulares de las mismas, lo que les permite aparcar prácticamente sin restricciones en Inglaterra y en casi toda Europa.