Dicha subida, según el vicepresidente de Tecniberia, Pedro Canalejo, queda reflejada en casos que se reproducen cada día, que revelan que los seguros globales que tienen que pagar las empresas ascienden al 3,8% del importe del proyecto.

En este sentido, Canalejo explicó que, si se tiene en cuenta que el volumen medio de beneficios del sector de la ingeniería está en torno al 5%, no parece que las empresas puedan hacer frente a estos gastos.

Por parte de las aseguradoras, sucesos como el del Carmelo o el del Windsor se convierten en otro elemento que tira al alza del precio de los seguros.

Otro de los factores denunciados por Tecniberia es el hecho de que los proveedores de seguros actúen también como asesores de la propia Administración. En este caso, "nos parece que es una cuestión peligrosa", afirmó Cal Pardo.

En el brote de críticas expuestas por la asociación de ingenieros se incluyó, además, el hecho de que, en ocasiones, el nivel de cobertura de riesgos que exigen las aseguradoras sea mayor de lo necesario, u otros como la falta de delimitación de las responsabilidades entre las partes contratantes del seguro.

Como una medida alternativa para luchar contra este incremento, Francisco Cal Pardo confirmó que algunas constructoras están tratando de implantar su propia empresa de seguros, como ya lo ha hecho el sector de los arquitectos.

BUSQUEDA DE SOLUCIONES

Desde Tecniberia exigen a la Administración soluciones para que se palíen los "problemas" en los procesos de licitaciones y adjudicaciones que se dan en la actualidad.

Cal Pardo denunció que el elevado número de ofertas por proyectos permitidos desde la Administración para una única obra "es un gasto innecesario" que se podría evitar.

De este modo, ante una adjudicación, se han dado casos en los que el dinero destinado por las empresas para crear sus proyectos es superior al que se necesitaría para construir la propia obra.

La solución a este problema, según Cal Pardo, pasaría, por un lado, por la realización de un programa para las obras públicas que permita a las empresas elegir un número reducido de proyectos sin que se produzca un colapso y, por otro, la creación de las denominadas "listas cortas" de participantes en los concursos.