Además, después de 18 meses de trabajo en el seno de la subcomisión sobre las consecuencias derivadas del hundimiento del "Prestige", la Comisión de Agricultura -gracias al acuerdo de PP y PSOE- decidió dar por finalizado el trámite sin la necesidad de que el pleno de la Cámara apruebe el texto definitivo.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, fue el único que se opuso al dictamen final, en el que, en su opinión, "la razón de Estado se antepone a la verdad". Según señaló, el informe está condicionado por efectos "jurídicos y políticos" y su análisis es "manifiestamente mejorable".

"Es un análisis complaciente y justificativo; aparentemente brillante, pero vacío de contenido. Para nosotros hay una causa principal, que se elude voluntariamente en el informe, y es la orden de alejamiento y hundimiento, que transformó un accidente marítimo en una catástrofe sin precedentes", aseveró.

El documento señala que la causa más probable del siniestro fue el precario estado estructural del buque, derivado de un deficiente mantenimiento. También recoge que las responsabilidades de las averías y hundimiento del buque recaen sobre la sociedad de clasificación inspectora del buque, los armadores, el capitán y, subsidiariamente, las aseguradoras.

Asimismo, asegura que desde el primer momento, en la noche del día 13 de noviembre, el siniestro era ya una auténtica catástrofe ecológica.

Para Llamazares, todo ello no explica lo que finalmente ocurrió, algo que "se explica por la decisión del Gobierno de entonces de alejar el buque hasta su hundimiento", insistió.

El diputado socialista y coordinador de la Subcomisión del "Prestige", Manuel Ceferino Díaz, respondió a las críticas de IU argumentando que no es el objeto de dicho informe pedir responsabilidades políticas.

"Hubo un tiempo para el debate de las responsabilidades políticas", subrayó. "No se elude voluntariamente la causa del accidente. Tenemos un mandato que limita nuestra actuación, y nuestra labor ahora es dar a conocer y reparar el daño que se ha causado".

A juicio de los socialistas, el dictamen final cumple lo que le fue mandatado a la comisión y deja una base de trabajo que permite conocer lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, para evitar o, en su caso, combatir un accidente como el del "Prestige" en el futuro.

JUICIOS DE VALOR

En nombre del Grupo Popular, el diputado Arsenio Fernández de Mesa fue el encargado de defender el voto particular propuesto por los populares. En su intervención, explicó la decisión de que la comisión votara de forma separada un total de 9 apartados en los que, en su opinión, se incluían "juicios de valor" sobre la actuación del Gobierno.

El PP rechazó cuestiones como el reconocimiento a la plataforma ciudadana "Nunca Máis", el admitir que hubo falta de coordinación o que en algún momento se manipuló la información que se facilitó a los ciudadanos. "Hemos dado el voto del sentido común", resumió Fernández de Mesa. "Se ha hecho un buen trabajo y se han puesto las bases con protocolos y planes de actuación".

La comisión también acordó no elevar el dictamen final al pleno de la Cámara Baja para su debate, gracias al acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, decisión a la que se opusieron IU-ICV y el Grupo Mixto.

En nombre de IU-ICV, Llamazares lamentó la decisión tomada. "No sé por qué tiene que haber un cierre vergonzante a esta comisión", dijo. "Ha sido un informe importante que se merece un cierre solemne".

PP y PSOE argumentaron su decisión en la necesidad de dar por concluidos cuanto antes los trabajos de la comisión. "El debate debe concluir. No consideramos oportuno alargarlo, sino que sus resoluciones lleguen al Gobierno cuanto antes", señaló Alejandro Alonso, portavoz de los socialistas en la comisión.