El informe, elaborado en 1984 por los diputados Gregorio Mir y Pedro Cerezo, considera "muy grave" la propuesta del Ejecutivo de que la Agencia de Protección de Datos APD) dependa de la Administración y el hecho de que ésta se reserve las competencias reglamentarias. El actual proyecto atribuye a la APD un estatuto de ente público.

"Resulta igualmente inaceptable", subraya el informe, "la excepcionalidad del artículo 29.1 del anteproyecto de ley a favor de la seguridad del Estado, la defensa nacional y la Hacienda Pública, pues contraviene frontalmente los principios básicos de la misma y consideramos que es contrario a las resoluciones del Consejo de Europa".

El proyecto que ahora debate el Parlamento señala en su artículo 22 que el derecho de las personas a ser informados sobre la finalidad de la recogida de datos, "no será aplicable cuando la información al afectado impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las Administraciones públicas o cuando afecte a la defensa nacional, a la seguridad pública o a la persecución de las infracciones penales o administrativas".

El informe del Grupo Socialista, al que hatenido acceso Servimedia, concluye del siguiente modo: "Sugerimos remodelar el anteproyecto y ponderar con todo cuidado los pros y los contras de la presente redacción".

El portavoz de IU en el Congreso, Nicolás Sartorius, declaró hoy a esta agencia que "con este informe, se comprueba que ni el Grupo Socialista está de acuerdo con estos capítulos del proyecto de ley, que son completamente inaceptables".