El informe señala que la idea central de una reforma de la financiación autonómica debería ser sustituir una parte de la financiación incondicionada que actualmente reciben las comunidades "por ingresos procedentes directamente de los rendimientos del IRPF en el territorio".

Con este sistema, el Etado "dejaría de ingresar (por la vía de una deducción en la cuota líquida, por ejemplo), una parte de estos rendimientos y dejaría abierta la posibilidad de que pudieran obtenerla las comunidades autónomas aplicando un tipo equivalente al que el Estado ha dejado de aplicar".

Las comunidades disfrutarían de discrecionalidad para fijar su propio tipo impositivo y dispondrían, en la práctica, de un tramo autonómico variable sobre el IRPF, pero no de un recargo añadido sobre este impuesto.

Según est informe, es deseable que "una parte significativa de los ingresos de cada nivel de gobierno proceda de fuentes tributarias situadas en el territorio, para evitar las consecuencias perniciosas que aparecen cuando hay una desvinculación total entre ingresos y gastos a nivel territorial".

En su opinión, los ingresos de las autonomías deben proceder "en buena parte" de los impuestos pagados por los ciudadanos de cada comunidad, haciendo compatibles la titularidad estatal de los principales impuestos con formas de titularidad autonómica parcial".

Como criterios básicos para el nuevo sistema, el informe propone un mayor nivel de autofinanciación autonómico y que las subvenciones condicionadas queden limitadas "a casos muy concretos y muy precisamente tipificados".

También considera imprescindible garantizar "financiación igual para iguales necesidades", basada en la "igualdad de recursos potenciales por habitante".

COORDINACION

El informe aborda también los problemas de coordinación planteaos entre la Administración central y las autonómicas. A su juicio, la coordinación implica "que el Estado tiene que formular unos objetivos globales de déficit y de endeudamiento de las Administraciones Públicas y que después -en un foro común- estas magnitudes agregadas se tienen que repartir entre los diferentes niveles de gobierno".

Para avanzar en este terreno, es preciso que se deje "que las comunidades autónomas se equivoquen y que paguen las consecuencias de sus errores", ya que "no hay nada per que el sistema tradicional de la Administración Pública española, que es el de la dependencia y la irresponsabilidad".

En su opinión, esto significa, entre otras cosas que no haya más presupuestos de liquidación de deudas de las comunidades, a fin de que sean los propios ciudadanos los que fiscalicen las cuentas de las autonomías.

A este respecto, el informe señala que, "si las comunidades se endeudan en exceso, o bien deberán acabar aplicando impuestos a sus ciudadanos, o bien deberán pedir moatorias a los bancos, que pronto establecerán ratings".

En esos "ratings" se incorporarían a los tipos de interés a los que prestan sus recursos el "riesgo A" (autonómico) o el "riesgo CL" (corporación local), con los efectos también evidentes que esto comportaría sobre los ciudadanos afectados, y los costes políticos que tendría".