Esta es la tesis que sostiene el profesor de Derecho Comunitario y vicedecano del Instituto de Empresa José María de Areilza Carvajal en un análisis sobre "Los acuerdos del Foro Trilateral de diálogo sobre Gibraltar" que acaba de publicar 'Papeles FAES'.

De Areilza vaticina que los reconocimientos al pueblo gibraltareño pueden "dar lugar al nacimiento de un cuarto estado en la península ibérica, un nuevo sujeto de derecho internacional que reconozca al gobierno de Londres todas las facilidades de uso del Peñón y de hecho mejore su control de las aguas y el espacio aéreo".

En su opinión, el reciente acuerdo entre España y Gibraltar para el uso compartido del aeropuerto del Peñón convierte "en basura" más de 50 años de diplomacia sobre la colonia británica y supone "un giro radical en la política exterior española, sin que ningún interés justifique tal giro", ya que "los grandes ganadores son, sin duda, el Reino Unido y el Gobierno de Gibraltar".

A su juicio, el establecimiento de un Instituto Cervantes en Gibraltar es "un reconocimiento innecesario de que es territorio extranjero", conforme a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que indican que el territorio debe descolonizarse y reintegrarse a España.

El acuerdo sobre el aeropuerto es, en su opinión, "aún más grave" porque se reconoce el control y la jurisdicción no sólo del Reino Unido, sino de Gibraltar sobre el istmo, una zona que, "no fue cedida en el Tratado de Utrecht sino ocupada ilegalmente por el Reino Unido".

De Areilza sostiene que el uso conjunto del aeropuerto "no es tal en realidad" porque "los policías españoles se colocarán del lado español de la verja, no en el istmo como ocurría en el acuerdo de uso conjunto propuesto en el año 1987". Además, destaca que en el istmo la única autoridad reconocida es la gibraltareña y en cuestiones de seguridad, la británica.

Además, añade que el acuerdo es criticable "por el marco en el que se produce", ya que "se reconoce la capacidad de interlocución independiente a Gibraltar y a un nivel semejante respecto de dos estados soberanos". En el futuro, advierte, tendrá un "derecho de veto" que "condicionará el futuro de relación hispano-británica en lo que afecta a su territorio".

De Areilza lamenta especialmente que el Gobierno de Zapatero "ha aceptado sin ninguna necesidad aparcar la reivindicación de la soberanía española sobre el Peñón y sobre el istmo, a pesar de los argumentos jurídicos internacionales que tiene a su favor".

Por último, el profesor de Derecho Comunitario confía en que un futuro gobierno del Partido Popular "solicite la renegociación de estos acuerdos" y, mientras tanto, "no se hurte el debate sobre los mismos a las Cortes y se tramiten en el Congreso y el Senado como lo que son, es decir, como acuerdos internacionales que requieren su autorización tanto por su naturaleza política como por afectar a la integridad territorial del Estado".