Esto, según explicó este jueves el coordinador del informe, Jesús Quintas, se debería fundamentalmente a que Cataluña tendría que devolver los más de 74.000 millones que adeuda al Estado español a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Además, también tendría que asumir la parte alícuota de la deuda estatal, que cifra en más de 292.000 millones y el cupo autonómico -similar a los que actualmente pagan País Vasco y Navarra- que se situaría en 7.589 millones.

Así pues, calcula que dicha cantidad, sumada al gasto adicional de la administración en Cataluña (270 millones) y la minoración de las transferencias corrientes por competencias e inversiones (no se calcula) daría un total de 374.000 millones, que dividido por el incremento neto de ingresos (22.768 millones) daría un total de 16,45 años.

El informe, titulado ‘Hacia el colapso del sistema. Análisis sobre la Propuesta de Modelo de Financiación Singular para Cataluña’, también asegura que esta medida pondría en peligro la economía nacional, ya que sin la asunción de la deuda pública por parte de Cataluña y la reducción de ingresos, el peso relativo de la deuda aumentaría hasta el 150% del PIB, hecho que haría peligrar la solvencia crediticia tanto de España como de Cataluña.

Asimismo, Quintas se mostró crítico con una afirmación del documento de la propuesta de financiación singular para Cataluña en el que se asegura que este modelo no supone ningún privilegio para Cataluña y que nada impide que se haga extensible a otros territorios. Respecto a esto, la decana del Colegio de Economistas de Madrid, Amelia Pérez Zabaleta, afirmó que esta medida supondría "un vaciamiento de las capacidades del Estado y un aliciente para su destrucción".

"Pasamos de la bilateralidad a un modelo en que el resto de autonomías no tienen ni voz ni voto", advirtió Zabaleta, quien también lamentó que esta medida "dé al traste" con los consensos acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y alertó de que este es el mayor reto que enfrenta España desde la Transición.

LAS CAUSAS DE LA INFRAFINANCIACIÓN

El estudio también hace un análisis de la tesis de infrafinanciación autonómica que alega Cataluña. Aunque se muestra crítico con el modelo de financiación autonómica, argumenta que Cataluña ha recibido 15 puntos más de financiación que la media de comunidades y 24 puntos más que la Comunidad de Madrid. "Cataluña no puede considerarse infrafinanciada, sino suprafinanciada", asegura el estudio, en el que se señala que Cataluña recibió 10.000 millones de euros más de financiación a pesar de poseer cifras más bajas de PIB y de recaudación.

Para Quintas, las causas de la infrafinanción residen, fundamentalmente, en una mala gestión. "Mientras Madrid ha tratado de mantener una estrecha correlación entre ingresos y gastos, Cataluña ha decidido afrontar un mayor nivel de gasto, acudiendo al endeudamiento, lo que ha incrementado su deuda y agravado su déficit crónico", aseguró.

Además, el informe asegura que no es cierto que Cataluña asuma mayores competencias que otras autonomías y solo destaca gastos como los de seguridad (en lo que Cataluña invierte 1.500 millones), política lingüística o relaciones exteriores.

Respecto al criterio de ordinalidad (dar al que menos tiene y quitar al que más tiene) que se menciona en la propuesta de financiación singular, el informe lamenta que no se especifica cuáles son los criterios para su aplicación. También critica que Madrid ha sido más castigada que Cataluña por estas medidas (en 2022 se le hizo un ajuste negativo de 2000 millones a Cataluña y de 7.395 a Madrid).

Quintas también criticó que Cataluña acuse a los demás de hacer 'dumping' fiscal' mientras pretende quedar exenta de impuestos como el de las grandes fortunas, el de las empresas energéticas o el de la banca.

Por último, señaló que la propuesta indica que los funcionarios de la Agencia Tributaria pasarán a integrarse dentro de la Agencia Tributaria de Cataluña, lo que puede provocar reticencias, rechazo y confusión entre gran parte de este funcionariado que en su día aprobó unas oposiciones a un cuerpo estatal y no autonómico.