Con el título ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur. CIEs: espacios sin derechos para migrantes’, el documento subraya que “en 2016 y en 2017, solo el 29% y el 34% de las personas detenidas fueron expulsadas”. De ahí que APDHA no dude en calificar a los CIE de “cárceles racistas encubiertas, cuya principal función consiste en intimidar a la población migrante”.

Así lo considera el coordinador general de APDHA, Diego Boza, para quien “en la actualidad, los CIE cumplen un doble objetivo simbólico: son elemento de intimidación para la población migrante y trasladan un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública”.

También señaló que a pesar de que el internamiento de migrantes en los CIE se ha reducido en más de un 80% durante la última década, el Gobierno español ha destinado unos 20 millones de euros a un nuevo centro en Algeciras, con "una marcada impronta carcelaria".

Por otro lado, Boza llamó la atención sobre “la anomalía que supone la existencia de los CIE, puesto que la propia Constitución prohíbe a la administración civil imponer penas que impliquen privación de libertad. Sin embargo, “en el Estado español se está encerrando, en unos edificios cuyas condiciones son peores que las de las cárceles, a personas que no han cometido ningún delito”, afirmó.

Declaró que “a partir de los primeros años del siglo XXI se impone un modelo migratorio en el que la expulsión se convirtió en elemento de referencia y el internamiento forzoso de personas que no habían cometido ningún delito ganó relevancia”.

“La mayoría de CIE se ubican en antiguas prisiones que hubieron de cerrar por las lamentables condiciones en que se encontraban”, reiteró, y agregó que aquellos centros que se ubican en edificios de nueva construcción “mantienen una impronta carcelaria que vulnera la normativa existente”.

IRREGULARIDADES

Por otro lado, el informe señala que hay internamientos de menores de edad en CIE, algo prohibido, denuncias de mujeres del CIE de Málaga que aseguran haber sido obligadas a participar en fiestas sexuales por los agentes que les custodiaban y de personas que acudieron a reportar delitos y que dicen que resultaron detenidas tras ello.

Con todo, Ana Mª Rosado destacó que “el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos en los CIE son “las numerosas muertes evitables ocurridas en dichos centros”. Los fallecimientos de Samba Martine e Idrissa Diallo fueron los más significativos y los que más movilizaron a la opinión pública, a pesar de que no hubo consecuencias penales para los responsables de sus muertes”.