El estudio, titulado 'Necesidad de Suelo en España 2024', señala que en España existe actualmente un déficit de viviendas de 408.000 viviendas, una cifra que ha ido aumentando paulatinamente desde el año 2014 debido al alto ritmo de creación de nuevas familias (en España se crean 230.000 hogares cada año), a la reducción del tamaño medio de las unidades familiares -el número de miembros de las unidades familiares se ha reducido de 2,8 en 2003 a 2,5 en 2023- y el bajo ritmo de creación de nuevas viviendas (se crearon 88.000 el pasado año).

Esta situación es especialmente acuciante en mercados como Canarias, donde el número de nuevas familias crece siete veces más rápido que el número de viviendas. En otros mercados, como Valencia, Barcelona o Madrid, este crecimiento es cinco, cuatro y tres veces más rápido respectivamente. "Se habla de la vivienda turística o de los grandes tenedores pero la realidad es que no hay viviendas", aseguró el presidente de Colliers, Mikel Echevarren, quien aseguró que la desigual distribución territorial de España hace que en otros territorios como Cáceres u Ourense se viva la situación contraria y la oferta supere a la demanda.

Este retraso en la creación está causado, en gran medida, por la escasez de suelo. Según el estudio, una de las principales causas que explican esta escasez de suelo es el largo y complejo proceso que supone transformar un suelo rústico en suelo consolidado, hecho que generalmente dilata el desarrollo de un proyecto urbanístico entre 10 y 15 años. "Estados Unidos tardó en llevar un hombre a la luna siete años, desarrollar un proyecto urbanístico en España puede costar el doble", señaló Echevarren.

También se mostró muy crítico a este respecto el presidente de ACPE, Xavier Vilajoana, quien denunció que aprobar el Plan General de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias tarda entre seis y ocho años, aprobar el plan parcial se suele ir a más de un años y el proyecto de reparcelación y urbanización también suele tardar entre uno y dos años.

Vilajoana también citó entre las principales causas de esta dilatación la complejidad regulatoria, la lentitud burocrática, una normativa obsoleta y difícil de aplicar y la falta de voluntad y consenso político en materia de vivienda. Asimismo, lamentaron las dificultades de las que disponen los promotores para levantar capital y obtener financiación y la infinidad de supuestos por los cuales una obra se puede parar. "En Alcobendas se paró una promoción de más de 8.000 viviendas porque Ecologistas en Acción denunció que no cumplía con los criterios de adecuación ambiental", lamentó Echevarren, quien señaló que una futura Ley del Suelo tendría que promover que en obras de este tipo se pudieran hacer leves modificaciones para poder proseguir con la obra.

Echevarren también lamentó la aplicación de zonas tensionadas que establece la Ley de Vivienda y aseguró que en muchos territorios esta paralización en la obra nueva se ha producido por motivos políticos. "En el País Vasco se ha declarado todo el territorio zona tensionada sin fijarse en que hace años se tomaron decisiones como fijar un 75% de nueva promoción como vivienda protegida, lo que desincentivo la promoción de obra nueva", señaló.

SEGURIDAD JURÍDICA

Entre las soluciones que desde la ACPE y Colliers proponen para solventar esta situació se incluyen medidas como reducir la complejidad regularoria, mayor cestridumbre y reducción de plazos regulatorios, una mejor coordinación entre Administraciones Pública e incrementar y mejorar los medios técnicos y materiales. Asimismo, volvieron a pedir a los dos principales partidos políticos del arco parlamentario español que aprueben, al fin, la ansiada Ley del Suelo.

Por último, señalaron la necesidad de promover una serie de medidas a corto plazo para desatascar esta situación como la aplicación de ayudas para rehabilitar el stock existente, la flexibilización de cambios de uso para permitir el desarrollo de los ámbitos existentes para permitir el desarrollo de lo demandado en cada momento, mayores facilidades para finalizar las obras que actualmente están paradas o permitir cambios de uso a residencial en parcelas sin desarrollar.