Más de 150.000 trabajadores se verán afectados por estos expedientes presentados hasta el 26 de noviembre de 1992, la mayoría de ellos ya aprobados po la autoridad laboral.

El informe de CCOO asegura que en muchos casos lo que se pretende con este mecanismo, que se utiliza normalmente en empresas en crisis, es mejorar la cuenta de resultados de las "multinacionales automovilísticas mediante el pago por parte del INEM de los salarios de los trabajadores afectados durante el periodo de suspensión de los contratos de trabajo".

Comisiones considera esta actuación un "fraude", dados los buenos resultados económicos del sector, y consiste en que durnte los días de duración de los expedientes de regulación de empleo el Inem (Instituto Nacional de Empleo) pagará el 70 por ciento del salario de esos trabajadores y la empresa solamente el 30 por ciento restante.

Las principales empresas automovilísticas han presentado expedientes: Seat utilizará 6 días para la regulación de 20.000 trabajadores con un coste para el Inem de 840 millones de pesetas; Ford, 19 días para 8.000 empleados con un coste de 1.064 millones; Peugeot, 50 días para 5.000 trabajadoes con un monto para el instituto público de 1.750 millones; Fasa Renault, 14 días para 11.500 con un coste de 1.127 millones, y Citroën, 5 días para 8.000 empleados, que costaron 280 millones.

CCOO considera "injustificada" esta actuación cuando en el primer semestre de 1992 la producción de vehículos en España ascendió a 1,2 millones de unidades, un 14 por ciento más que en el periodo anterior, mientras que los costes laborales siguen siendo los más bajos de los grandes países productores de automóvles.

El sindicato resalta el hecho de que aunque 1991 fue calificado de catastrófico por todas las multinacionales automovilísticas, éstas obtuvieron resultados positivos en sus balances, con beneficios de 70.000 millones de pesetas, debido a un incremento de las exportaciones en un 70 por ciento, que siguieron creciendo en el primer semestre de este año en un 7,3 por ciento.

Según sus datos, la mayoría de las empresas doblará los resultados positivos que obtuvieron en 1991. CCOO cree que la Admiistración permite los expedientes de regulación de jornada como una ayuda indirecta a las grandes multinacionales del sector.

CCOO estima que este mecanismo perjudica especialmente a las 1.000 pequeñas sociedades dedicadas a la fabricación de componentes de automoción, que dan trabajo a más de 110.000 personas en España y en donde existe un nivel de contratación eventual del 20 por ciento.