La dirección de la firma mantenía desde hace dos meses un conflicto laboral con las 23 personas minusválidas incluidas en la plantilla a quienes deben todas las pagas extraordinarias de 1990.

En declaraciones que difundió tras el siniestro, Manuel Pérez del Río, propietario y director de la instalación destruida, descartó que el incendio fuese provocado; opinó que más bien parecía consecuenciade un cortocircuito, y rechazó cualquier sospecha de que hubiese que achacar lo ocurrido a los empleados, por falta de motivos.

También anunció que iban a abonar de inmediato las pagas extraordinarias adeudas, después de que hubieran cobrado las subvenciones que otorga el Inem por emplear a personas minusválidas, y que tenía la pretensión de volver a contratar a los 23 discapacitados en cuanto reconstruyesen la fábrica.

EL INEM DICE QUE NO

En un comunicado que difundió esta mañana, el institutorecalca que no debe ningún dinero a Pérez del Río, ya que sus directivos nunca solicitaron "la subvención mensual (50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional por trabajador) que la correspondía por estar calificada como Centro Especial de Empleo".

Los responsables del Inem recuerdan que la solicitud de esta subvención debe ir acompañada de una relación nominal de los trabajadores en la que figure la nómina abonada a cada uno de ellos, así como el documento acreditativo de estar al corriente delpago de cuotas a la Seguridad Social y de la última Relación Laboral de Trabajadores (TC2) con la que contrastar la nómina del mes anterior.

Según el Inem, el máximo responsable de la fábrica, Pérez del Río, presentó el 21 de abril de 1989 en la dirección provincial de Madrid la petición de calificación e inscripción de la firma como Centro Especial de Empleo (CEE), al incluir en su plantilla a trabajadores minusválidos.

Posteriormente, la Dirección Provincial solicitó a la dirección la documentaión necesaria para estudiar y gestionar la solicitud en los plazos correspondientes.

UNA SERIE DE ERRORES

El Inem informa que, no obstante, una serie de errores por parte de la empresa, entre los que cita documentación incompleta, contrataciones incorrectas y solicitud de subvenciones incompatibles, hizo demorar la declaración de Pérez del Río como CEE hasta el 7 de agosto de 1990.

La resolución de inscribir a la fábrica en el apartado de CEE fue enviada al propietario, indicándole que a partirde ese momento debería solicitar la notificación de cuotas empresariales de la Seguridad Social, así como la de subvención salarial por plantilla de minusválidos.

Los responsables del Inem aseguran que, hasta la fecha, el propietario y director de la compañía no ha formulado estas solicitudes, "a pesar de haberles explicado el procedimiento en varias ocasiones", por lo que el instituto insiste en señalar que no adeuda ninguna cantidad a Pérez del Río.