Entre enero y febrero, el Inem encontró trabajo a 65.200 personas, un 57,5 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio antrior, si bien es preciso tener en cuenta que el 93 fue uno de los peores, en este aspecto, en la historia reciente de este organismo.

Eso supuso que el 8 por cien de las 820.900 colocaciones registradas en el citado periodo fueron el resultado de una gestión de colocación del Inem. El resto correspondió a contratos suscritos entre trabajadores y empresarios al margen del Inem, aunque posteriormente cumplieron con el trámite obligatorio de "sellarlo" en una oficina del instituto.

Al notable incremnto de las contrataciones realizadas por el Inem (algo que rompe una trayectoria de descenso ininterrrumpido iniciado en 1989) podría haber contribuido la puesta en marcha este mismo año de los contratos de aprendizaje.

Estos contratos se corresponden con el perfil de una parte de los demandantes de empleo característicos del Inem, los jóvenes sin titulación, cuya colocación resulta especialmente difícil y que, por esa razón, empeoran las estadísticas de contratación del instituto.

También podríahaber contribuido al cambio de tendencia, aunque el Inem no ha facilitado información al respecto, el endurecimiento de las medidas anti-fraude, como la retirada del seguro de desempleo a quienes no acepten una oferta de trabajo.

Pero, probablemente, es la crisis económica por si misma la que ha forzado a los parados a aceptar ofertas de trabajo que en otros momentos hubiesen rechazado con la esperanza de encontrar algo mejor o por no compensar la pérdida del seguro de desempleo, en el caso de los benficiarios de esta prestación.

Esa lógica ya no tiene aplicación cuando, como muestra la última Encuesta de Población Activa (EPA), en más de un millón de hogares no hay ni una sola persona con trabajo y dos millones de desempleados llevan en esa situación más de un año.

Como consecuencia, según revelan las respuestas contenidas en la EPA a las preguntas planteadas a los encuestados, los parados se ven en la necesidad de aceptar trabajos sin considerar como antes factores como la categoría y los igresos.

En concreto, más de dos millones afirma ahora que aceptaría una trabajo de categoría inferior a la esperada, y una cifra similar lo cogería aunque considerara que los ingresos no son adecuados a la categoría profesional.

Asimismo, un millón de desempleados tomaría un empleo que entrañase un cambio de residencia y casi dos millones y medio lo haría aunque acarrease cambio de oficio.

Todo ello, unido a una notable reactivación en las contrataciones, ha facilitado la tarea del Inen, quesiempre ha justificado sus dificultades para colocar parados con el argumento de que quienes recurren a sus servicios son precisamente los que están en peor situación para conseguir trabajo, por su baja cualificación y por pertenecer a sectores con mayor saturación de mano de obra.