Estos datos revelan que aproximadamente 240.000 toneladas de residuos procedentes de estas industrias no reciben un tratamiento adecuado.

Para la patronal de la industria química, esta situación es debida a la falta de adecuación entre la realidad de la industria química española y la regulación medioambiental de gestión de residuos.

Asimismo, Feique mantiene que el problema se agrava ante la multiplicidad de normas legales que existen al respecto, promulgadas por las adminitraciones central, autonómicas y locales, y que a veces no guardan relación o conexión.

La patronal ha pedido a las distintas administraciones que consensúen una regulación legal "coherente con el objetivo final de la misma: permitir el crecimiento de la industria a base de proteger el medio ambiente".

Para conseguir este objetivo, considera necesario adaptar la normativa a la realidad medioambiental española y evitar la introducción de patrones y leyes medioambientales foráneas. En la actualidad las pautas para la gestión de los residuos peligrosos están contempladas en el Plan Nacional de Residuos Peligrosos que el Gobierno aprobó la pasada legislatura.

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS

Sin embargo, la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda) ha denunciado el incumplimiento del plan por parte de las distintas administraciones transcurridos quince meses desde su aprobación.

Según la Coda, la mayoría de las comunidades autónomas todavía no han elaborado su correspondiente Pla de Gestión de Residuos Peligrosos, a pesar de que debían entrar en vigor antes de que finalizara 1995.

Además, las organizaciones ecologistas mantienen que las administraciones públicas no han puesto en marcha acciones para cumplir con otros dos de los objetivos que marca el Plan Nacional de Residuos Peligrosos: reducir en origen la generación de desechos tóxicos y la reutilización.

La coordinadora de organizaciones conservacionistas ha criticado que, por el contrario, se han promovido dos proyetos de construcción de vertederos en Nerva (Huelva) y Subiza (Navarra), en dos comunidades que todavía no han aprobado el Plan Autonómico de Gestión de los Residuos Peligrosos.