Eguiagaray afirmó, al término del encuentro, que las aportaciones de recursos públicos pueden superar los 337.000 millones de pesetas en el periodo 1994-1999, incluídos los que se esperan obtener directamente de Bruselas a través de los fondos Feder, aspecto que, según dijo, permite hablar de la definición de una política industrial d 'pymes' hasta final de siglo.

También señaló que el acuerdo, alcanzado en el marco de la Conferencia Sectorial de Industria, conlleva el compromiso de las comunidades autónomas para cofinanciar el plan, así como una mayor participación de los gobiernos regionales en la canalización y gestión de los programas y la financiación.

La distribución de los fondos conllevará el desembolso por parte de la Administración central de 121.000 millones de pesetas en el conjunto del plan, incluídos los 60.000 illones de pesetas que prevé obtener de los fondos Feder de la Unión Europea, así como otros 216.000 millones de pesetas por parte de las comunidades autónomas.

El ministro señaló que esta iniciativa de 'pymes' movilizará hasta 1999 una inversión privada de unos dos billones de pesetas, pero no supondrá un aumento del gasto público, ya que se trata de lograr un uso más eficaz de los presupuestos autonómicos y central disponibles para este fin.

Ello conlleva la descentralización del Instituto de l Pequeña y Mediana Empresa (IMPI) para permitir a los entes autonómicos establecer cauces en sus propios territorios para hacer llegar las iniciativas a los empresarios interesados en el plan.

COMERCIO Y AGRICULTURA

Asimismo, el secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó, indicó que el deseo de acelerar la puesta en marcha de la medida ha dejado fuera de este plan a los sectores de comercio y turismo y a la agricultura, pero reconoció que en el departamento de Eguiagaray se piensa ya en ete primer acuerdo como una primera fase a la que seguirán los otros dos sectores a medio plazo en coordinación con los ministerios correspondientes.

Los programas concretos que recogerá el plan girarán en torno a las líneas clásicas de actuación ministerial en materia de industria: incentivos a la cooperación entre empresas, traspaso de información comercial, apoyo directo al producto, financiación y ayudas a la creación de redes industriales territoriales.

Moltó señaló que existen programas muy vanzados con algunas comunidades autónomas, por lo que la puesta en marcha de algunos de ellos no debería demorarse más de tres meses. El acuerdo alcanzado habrá de ser ratificado ahora por el Parlamento nacional y por los de las respectivas comunidades autónomas.

Las Sociedades de Garantía Recíproca de las comunidades autónomas cobrarán con este programa un protagonismo destacado, ya que serán las instituciones hacia las que se canalizarán buena parte de los avales y sistemas de aseguramiento de las nversiones que se prevén movilizar.

El modelo diseñado para la política industrial de 'pymes', según explicó el director general del INPI, Alberto Lafuente, consiste en unificar los esfuerzos de la Administración Central y ponerlos de acuerdo con las dotaciones presupuestarias de las diferentes comunidades autónomas.