Esta medida es una de las novedades acordadas hoy por el Consejo de Ministros en la revisión del Plan de Dinamización de la economía española.

Las empresas eléctricas han recibido unos 10.000 millones de euros en concepto de costes de transición a la competencia, implantados por el Gobierno del PP.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, indicó que éste era "un viejo tema" y "ha llegado el momento de darle cierre y resolverlo de manera definitiva".

Además, el Ejecutivo acordó hoy una serie de iniciativas dirigidas a aumentar la competencia en el sector mediante la separación de las actividades reguladas en las empresas energéticas verticalmente integradas.

Así, se separarán funcional y jurídicamente las actividades de comercialización y gestión de redes, para determinados operadores dominantes se introducirá la obligación de servicio universal a consumidores vulnerables y se creará una agencia que facilite a los usuarios el cambio de suministrador, medidas establecidas en los anteproyectos aprobados el pasado 24 de febrero por el Ejecutivo.

Además, se pondrán en marcha nuevos regímenes de retribución, tanto de gas como de electricidad, orientados a la eficiencia y la seguridad del suministro; se modificará el sistema de cobros y pagos por garantía de potencia; se creará un comité de seguimiento del sistema energético y se generalizará la instalación de contadores telemedidos.

Dentro del sector energético figura otro conjunto de medidas orientadas a la aprobación de un marco definitivo, estable y creíble para el mercado de generación eléctrica, en línea con el decreto de freno al déficit de tarifa y otro punto de los anteproyectos antes citados.

Se impulsará la contratación bilateral y a plazo de energía eléctrica para conseguir una mayor estabilidad de los precios, a través de medidas como las subastas virtuales de capacidad.

También se incrementará la competencia en el mercado mayorista mediante medidas que reduzcan el poder de mercado de los operadores dominantes, como la reciente modificación de los mecanismos de casación para las empresas verticalmente integradas, y se limitará la potencia gestionada por parte de las empresas titulares de centrales de generación en aquellas tecnologías que marcan los precios marginales.