Fernández Segura, que hizo estas declaraciones tras su intervención en una jornada sobre "Planificación e Infraestructuras Energéticas", afirmó que las nuevas funciones otorgadas al órgano regulador "se adaptan la legislación comunitaria" y no tendrán consecuencias negativas para el correcto desarrollo de la libre competencia.

La Comisión Europea solicitó la semana pasada formalmente a España que facilite la nueva información referente a la ley en el plazo de dos meses. Si la respuesta no es satisfactoria para Bruselas, se daría paso a un dictamen motivado, en el que la UE instaría al Gobierno español a revisar la mencionada ley.

El secretario general de Energía señaló que el hecho de que la Comisión Europa haya abierto un expediente de regulación por esta ampliación de funciones "no merece la mayor preocupación" porque se trata de "un proceso común" en el seno de la UE.