Según dicho texto, al que ha tenido acceso Servimedia, el Ministerio de Industria acepta la posibilidad de que las comunidades autónomas y las corporaciones locales introduzcan en las tarifas eléctricas un suplemento territorial que podrá ser diferente en cada comunidad autónoma o municipio.

Dicho recargo, aunque no se especifica, pretende atender la demanda de las administraciones territoriales de financiar meoras en la calidad de los suministros o del medio ambiente afectado por la actividad de las empresas en sus áreas de influencia.

Esta solución satisface a la Comisión Eléctrica, que en ningún caso admitía la pretensión de autonomías y ayuntamientos de cargar directamente la tarifa única para toda España con dichos tributos, porque se iniciaría una escalada que afectaría seriamente a la competitividad del precio de la energía y a los consumidores.

El anteproyecto de ley, que ya ha sido enviado par su aprobación por el Consejo de Estado, consagra el principio de tarifa única para todos los usuarios, salvo los llamados cualificados, es decir, grandes consumidores que podrán elegir suministrador y negociar precios con las compañías, pero acepta que cada gobierno autónomo o municipal pueda recargar el precio de la luz en su territorio bajo su responsabilidad.

En concreto, señala el texto, "en caso de que las actividades eléctricas retribuidas a través de la tarifa fueran gravadas con impuestos o tibutos de carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante reglas no uniformes para el conjunto del territorio nacional, las tarifas podrán incluir un suplemento territorial, que podrá ser diferente en cada comunidad autónoma o municipio".

Con la solución adoptada, según fuentes consultadas por Servimedia, se atienden ambas demandas, ya que los gobiernos locales y autonómicos podrán aplicar dicho suplemento, pero haciéndose responsables políticamente de ese recargo fiscal ante su electorao.

No obstante, el anteproyecto también indica que el expediente de tarifas de cada ejercicio deberá justificar la igualdad entre el coste originado a las empresas con estos tributos y los recursos que se obtengan por la aplicación de dicho suplemento.

Pese a las cautelas adoptadas por Industria, la posibilidad de que esta medida se mantenga tras el paso del proyecto de ley por el Parlamento ya ha levantado críticas en sectores afectados.

Así, desde la Asociación de Grandes Consumidores del ector Servicios se ha señalado que la apertura de esta posibilidad a ayuntamientos y comunidades autónomas romperá la uniformidad de las tarifas y podría limitar los beneficios de la liberalización.