Las ONG recordaron que la Constitución Española establece que el objetivo último de la política penal y penitenciaria debe ser la reinserción social de los delincuentes. "La prisión,además de ser una respuesta cara, genera sufrimiento tanto para las personas privadas de libertad como para su familia, al tiempo que refuerza la exclusión social", añadió la nota.

Con vistas a la reforma del Código Penal, estas organizaciones piden que se amplíen los márgenes para las llamadas suspensiones y sustituciones en delitos enjuiciados por Juzgados de lo Penal (hasta 5 años de condena). Creen que el juez debe tener un margen más amplio para suspender, sustituir y condicionar la condena a cietos requisitos (no abandonar el tratamiento, etcétera).