"La gravísima injusticia que ha cometido el Gobierno ha sido qe ha tratado de forma igual a desiguales", dijo. "A mis clientes, lo que les importaba era que les indultase la inhabilitación, porque ya gozaban de libertad".

Plana añadió que, aunque la inhabilitación a la que fueron condenados sus clientes es de ocho años, "en la práctica pierden su condición de funcionarios de por vida, por lo que se ven abocados a no ejercer jamás de nuevo su profesión".

En este sentido, añadió que el indulto parcial concedido por el Gobierno no repercute positivamente en su clientes, que gozan del tercer grado desde que el Tribunal Constitucional decidió suspender la ejecución de la pena que les había impuesto el Tribunal Supremo por el "caso Marey", en tanto en cuento no se resolvieran los recursos que ambos habían presentado contra el fallo del Alto Tribunal.

Tras recordar que el indulto existe para paliar las situaciones injustas que provoca la aplicación estricta de la ley, Plana argumentó que no es justo que sus clientes permanezcan inhabilitados, cuando, como agenes policiales que eran, "se limitaron a cumplir órdenes de sus superiores" en todo lo relacionado con el "caso Marey".

Además, Plana arremetió contra la celeridad con que el Gobierno ha resuelto los indultos presentados por los condenados en el "caso Marey", cuando habitualmente se tarda más de un año en finalizar los trámites de esta medida de gracia.

"Lo que no se puede hacer es saltarse otros indultos que están esperando sobre la mesa porque el de este caso tenga una transcendencia pública detrminada", dijo. "No tendría que haber adelantado la concesión de este indulto".