El fallo del Supremo señala que la escasa distancia del centro a varios colegios puede vulnerar el derecho a la integridad física y moral de los niños.

La sentencia otorga la razón a los comerciantes y vecinos que en 1989 recurrieron la decisión del Ayuntamiento de Madrid de instalar el centro en el número uno de Puerto de Monasterio.

Ante esta decisión, la FRAVM expresó hoy su sorpresa e indignación, aunque subraya que lo hace "dentro del más absolutorespeto a la decisión judicial".

La federación de asociaciones vecinales considera que el fallo, "en vez de mejorar la rehabilitación de los toxicómanos dentro de su entorno, tiende por contra a aislarlos en 'guetos' separados del resto de la población".

Asimismo, mantiene que la decisión del Tribunal Supremo demuestra "el alejamiento de las resoluciones judiciales de la realidad diaria de los ciudadanos", ya que recuerda que durante los cuatro años que lleva funcionando el centro, nunca se han poducido incidentes de gravedad en él.