El Ministerio de Justicia tiene un acuerdo con el BBV por el que todo el dinero que requisan ls juzgados hasta que resuelven un caso debe depositarse en cuentas de esta entidad, que paga al Estado el tipo medio del mercado interbancario, en torno al 12 por cien, menos dos puntos que se queda el banco, según la OCU.

Las cifras oficiales indican que sólo por consignación de indemnizaciones hasta que son resueltas, los juzgados movieron en 1991 un volumen de 100.000 millones de pesetas, que generaron un interés de 12.000 millones, de los que 10.000 se quedó Hacienda y 2.000 el BBV.

Para los esponsables de OCU consultados por esta agencia, esta es una situación muy injusta que exige modificar la legislación, para permitir que los intereses generados por las cantidades que son consignadas en el juzgado sean abonados a su destinatario final con intereses.

A su juicio, la principal causa de esa "injusticia" es la demora con la que los tribunales resuelven los casos, ya que una indemnización de 200 millones que ha sido recurrida, puede ser vista por una instancia judicial superior siete años espués.

En este caso, según la OCU, la indemnización retenida hubiera generado unos intereses de 300 millones de pesetas que no recibe quien demanda la indemnización, ya que la obligación judicial de depositarla cuando se apela hace que la víctima deje de recibir los réditos.

La situación es aún más grave, añadieron las mismas fuentes, si se tiene en cuenta que durante el tiempo que tardan los tribunales en pronunciarse de forma definitiva, la inflación y la devaluación del dinero hacen que la imortancia de la indemnización sea menor.

Para resolver esta situación, los responsables de OCU han remitido una carta al ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, y a la presidenta del Instituto Nacional de Consumo, Ana Corcés, en la que expresan sus críticas a este sistema y piden su modificación.